La Comisión Europea emitió dos decisiones vinculantes el 16 de julio exigiendo a Google que permita a los asistentes de inteligencia artificial de la competencia igual acceso a las funciones del sistema Android y que comparta datos de búsqueda anónimos con servicios rivales. La primera decisión obliga a Google a poner 11 funciones de Android a disposición de servicios de inteligencia artificial de terceros, lo que permitirá a los usuarios activar asistentes rivales mediante comandos de voz y realizar tareas como reservar taxis y recibir respuestas sugeridas en aplicaciones de mensajería. Además, los servicios de la competencia tendrán acceso al modelo de IA en el dispositivo, ejecución de tareas en segundo plano y contexto de pantalla a la par del servicio Gemini de Google.
Se requiere que la mayoría de las modificaciones estén implementadas antes del 1 de agosto de 2027, con soporte simultáneo de palabras de activación, lo que permite activar múltiples asistentes con diferentes frases, que se completará en agosto de 2028. Google también debe publicar borradores de términos de elegibilidad para funcionalidades sensibles para febrero de 2027 y aceptar solicitudes de desarrolladores rivales a partir de mayo de 2027.
La segunda decisión obliga a Google a proporcionar acceso a categorías específicas de datos anonimizados a motores de búsqueda de terceros y chatbots de IA elegibles, a partir de enero de 2027. Esto comprende una estrategia de anonimización de múltiples capas, un marco de precios y un proceso de investigación de solicitudes para evaluar los riesgos de ciberseguridad asociados con los solicitantes. La Comisión afirmó que estas disposiciones tienen como objetivo “reequilibrar el campo de juego” en el mercado de datos de búsqueda.
En respuesta, Sameer Samat, presidente de Android de Google, criticó las acciones de la Comisión Europea, afirmando que las reglas podrían amenazar la privacidad y seguridad de los usuarios. Señaló que los usuarios ya tienen la posibilidad de cambiar los servicios de asistente en sus dispositivos. Las decisiones son jurídicamente vinculantes pero no incluyen conclusiones de incumplimiento ni imponen multas en esta etapa; sin embargo, la Comisión podría imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de la facturación anual global de Google por cualquier incumplimiento futuro.
