El juez de distrito estadounidense Amit Mehta dictaminó que Google mantenía ilegalmente un monopolio en las búsquedas en línea. En lugar de dividir la empresa, ordenó a Google que compartiera su índice de búsqueda y los datos de clics y consultas de los usuarios con sus competidores. Su objetivo es ayudar a las empresas más pequeñas a desarrollar motores de búsqueda competitivos sin el coste de crear bases de datos desde cero.
Sin embargo, compartir datos de comportamiento ha generado preocupaciones sobre la privacidad entre los defensores. Google ha expresado su preocupación por los riesgos de compartir consultas de búsqueda confidenciales. Un comité de supervisión técnica determinará qué empresas califican para el acceso, qué salvaguardas se necesitan y cómo se distribuirán los datos. Este comité funcionará durante seis años e incluirá representantes del Departamento de Justicia, Google y expertos independientes.
Una salvaguarda propuesta es restringir el acceso a ciertas consultas para proteger la privacidad del usuario. El Departamento de Justicia sostiene que los acuerdos exclusivos de Google excluyeron a sus rivales y reforzaron su ventaja monopolística. El cronograma de implementación del fallo es incierto ya que podría retrasarse debido a las apelaciones.
El foco actual del debate es cómo se desarrollará el proceso de supervisión y si las preocupaciones sobre la privacidad pueden gestionarse de manera efectiva. Este fallo establece una prueba poco común de la aplicación de las leyes antimonopolio en la economía digital y plantea dudas sobre la seguridad de los datos personales.
